C. Rica: Iglesia Católica rechaza igualdad religiosa

En el fondo, el proyecto refleja la necesidad de que el Gobierno apresure la reforma para declarar el país como Estado laico; es decir, sin religión oficial.
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La Iglesia Católica de Costa Rica está en desacuerdo con el proyecto de Ley de Igualdad Religiosa que promueve el gobierno de Luis Guillermo Solís.

 

Este plan de ley eliminaría al catolicismo como credo oficial de la nación y obligaría el apoyo del Gobierno para otras religiones.

 

Los obispos católicos argumentan que el plan permitiría la injerencia del Estado en asuntos religiosos, pese a que por décadas su congregación ha recibido ayudas económicas por parte del Poder Ejecutivo y ha logrado introducir su doctrina en las escuelas públicas.

 

Tal injerencia permitiría al Estado declarar qué religiones pueden o no operar en el país, lo que a criterio de la jerarquía católica es una forma de discriminación.

 

El obispo de Puntarenas, Óscar Fernández Guillén, quien es presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, cuestionó los beneficios que la iniciativa otorgaría a otras denominaciones y el hecho de que la Iglesia católica quede excluida de estos.

 

“El Estado no debe tener ninguna política en materia religiosa salvo el respetar y promover la libertad de todos”, señaló el pastor en un documento de página y media enviado a la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, donde los diputados discuten el proyecto.

 

 

¿QUÉ FUNCIÓN TENDRÁ LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS RELIGIOSOS?

 

Este plan de ley pretende crear una “Dirección de Asuntos Religiosos” en el Ministerio de Justicia y Paz, como parte de una implementación de igualdad religiosa en Costa Rica.

 

Las funciones de la Dirección de Asuntos Religiosos serán “asesorar al Gobierno en temas que tengan que ver con la libertad religiosa y levantar una lista de los feriados obligatorios y de pago concernientes a actividades religiosas”.

 

También ejercer “la rectoría de todos los asuntos relacionados con las organizaciones religiosas y con los creyentes en la práctica de su fe, y que por su naturaleza no se encuentren bajo el amparo de otras instituciones públicas.

 

"Asimismo, velará por la correcta aplicación de la presente ley”. Es decir, creará un órgano burocrático para velar por los diferentes credos religiosos que se profesen en el país, con un director y subdirector a su cargo, un consejo consultivo y un registro, entre otros.

 

Establece, además, que las organizaciones religiosas tendrán derecho a recibir diezmos, ofrendas, donaciones, legados, herencias y contribuciones públicas o privadas para su sostenimiento, y organizar colectas entre sus fieles o la comunidad en general.

 

También podrán obtener donaciones de personas físicas y jurídicas, nacionales o extranjeras, para el mantenimiento del culto y para los servicios de asistencia social que presten, sin fines de lucro.

 

Las iglesias que tengan más de 10 años de operar recibirían los permisos del Ministerio Salud de manera automática. El Gobierno también garantizaría la enseñanza de otras religiones en escuelas y colegios, aunque la iniciativa no especifica si los profesores y materiales serían financiados con recursos públicos.

 

Actualmente, sólo la Iglesia católica goza de beneficios económicos directos por ley. Sólo en los últimos seis años, el Gobierno presupuestó recursos por ¢4.000 millones.

 

 

PROYECTO DE LEY "PREOCUPANTE" PARA LOS CATÓLICOS 

 

“El citado proyecto, antes que proporcionar un ordenamiento jurídico que cumpla su deber de respetar y defender la dignidad de todos y la efectiva tutela de este derecho fundamental, enfatiza la seguridad jurídica y el apoyo económico del Estado a un sector, en menoscabo de los otros”, apunta el documento firmado por Fernández.

 

El obispo califica de “preocupante” que se aluda a una “política de Estado en materia religiosa”.

 

Además, considera que si un Estado puede decir cuáles iglesias pueden operar y cuáles no, se podría generar una discriminación a los credos y atenta contra la libertad religiosa.

 

El bloque de diputados cristianos en la Asamblea Legislativa, apoyan este proyecto de ley. Los legisladores aducen que es una regulación necesaria previo a la negociación de un concordato (acuerdo) entre el Vaticano y el Gobierno para declarar a Costa Rica como Estado laico.

 

En el fondo, el proyecto refleja la necesidad de que el Gobierno apresure la reforma para declarar el país como Estado laico; es decir, sin religión oficial. Para llegar a este punto es necesaria una reforma al artículo 75 de la Constitución Política, que debe aprobarse en dos legislaturas distintas.

 

Si bien en los gobiernos de Óscar Arias (2006-2010) y Laura Chinchilla (2010-2014) se coincidió con la jerarquía católica en la necesidad de declarar el país Estado laico, lo cierto es que la modificación constitucional no se tramitó.

 

“Considero que si está en discusión la confesionalidad del Estado costarricense, una eventual ley sobre esta materia deberá fraguarse dentro de un nuevo marco jurídico”, agregó el obispo Fernández. (cbn.com).

 


04/09/14
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